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El tráfico ilícito de bienes culturales puede presentar diversas formas, involucrar a múltiples partes y tener distintas finalidades dependiendo del contexto geográfico, socioeconómico y político. Por lo tanto, el término «tráfico ilícito de bienes culturales» puede hacer referencia a una gran variedad de prácticas dependiendo de la legislación nacional o internacional en vigor:
- Robos en museos, bibliotecas, monumentos, sitios religiosos y otros lugares de conservación públicos o privados
- Excavaciones ilícitas de objetos arqueológicos, incluyendo excavaciones subacuáticas
- Sustracción de bienes culturales durante conflictos armados u ocupación militar
- Exportación e importación ilícitas de bienes culturales
- Transferencia ilegal de propiedad de bienes culturales (venta, compra, asunción de la deuda hipotecaria, intercambio, donación o legado)
- Producción, intercambio e utilización de documentación falsificada
- Tráfico de bienes culturales falsos o falsificados
En el caso de España, la cooperación pasa, entre otros factores, por la formación de los cuerpos encargados de combatir o de prevenir el tráfico ilícito. En esta línea y al tratarse de bienes culturales, vuelve a ser el Ministerio de Cultura, o bien en su caso las Consejerías de Cultura de las Autonomías, quien tiene competencias al haber creado los cuerpos técnicos para la custodia y conservación de las colecciones patrimonio del Estado. Estos cuerpos técnicos, los archiveros, bibliotecarios y conservadores de museos, están especialmente formados para reconocer, catalogar, expertizar y valorar los distintos bienes, tareas fundamentales que favorecen y ayudan a la recuperación de dichos bienes.
La idea básica que hasta hace pocos años se ha tenido de estos cuerpos de cultura es la de gente dedicada plenamente a su tarea científica de investigación y catalogación de esos fondos, especialistas poco adecuados para la gestión. Pero actualmente la situación ha cambiado casi radicalmente, y estos cuerpos técnicos suponen el soporte científico al que hay que recurrir para la elaboración de informes que pueden tener consecuencias importantes, como la depuración de responsabilidades o la propia restitución de bienes.